A más de cuatro meses de iniciarse la movilización estudiantil, el gobierno de Sebastián Piñera mantiene inflexible su posición de sentar el sistema educativo en el lucro y responde desalojando colegios en toma. Por ello universitarios y secundarios vuelven a las calles de las principales ciudades este jueves.
Pese a que el discurso del gobierno de Piñera ha sido enfático en acusar a los estudiantes de intransigentes, las últimas señales de sus correligionarios dan cuenta de su obstinación en mantener el denostado modelo educativo.
Así se expresa con los desalojos de varios liceos de la comuna de Providencia la jornada previa a la movilización; la intención de los alcaldes Pablo Zalaquett, de Santiago, y Pedro Sabat, de Ñuñoa, de reprobar a todo alumno que no se haya inscrito en el plan “Salvemos el año” y la arremetida del Gobierno de rechazar tajantemente dos de las cuatro condiciones mínimas propuestas por los estudiantes para acordar una salida al conflicto.
La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones) convocan para este jueves 22 de septiembre a una nueva marcha por la educación pública en las calles de Santiago y protestas similares en regiones.
La marcha en Santiago partirá a las 10 y media de la mañana desde el frontis de la Universidad de Santiago (Usach) y seguirá por la Alameda hasta la calle Manuel Rodríguez, esquina en la que los manifestantes tendrán que enfilar hacia el parque Almagro. El trazado fue dado por la Intendencia.
La marcha es luego del rechazo del Ejecutivo a dos de las peticiones del movimiento estudiantil, que dicen relación con que se congele el envío al Congreso de los proyectos de ley relativos a la educación superior -uno que reduce la tasa de interés del crédito avalado por el Estado y otro que renegocia las deudas de los alumnos morosos- y con la reprogramación del inicio del segundo semestre, fijado unilateralmente para el próximo 7 de octubre.
Las dos exigencias restantes: asegurar la transparencia del diálogo mediante su transmisión mediática y parar de entregar recursos públicos a instituciones que lucran ilegalmente, fueron las únicas aceptadas las autoridades.
APOYO A ESTUDIANTES SE MANTIENE EN PIE
Si bien la estrategia del gobierno ha sido dilatar sus respuestas con el fin de que la movilización se desgaste por si sola, los más de cuatro meses movilizados sólo han acrecentado el respaldo de la población a los estudiantes a medida que cae la aprobación del Ejecutivo.
Según una reciente encuesta, el apoyo a los estudiantes aumentó 30 puntos porcentuales entre junio y septiembre. La encuesta ‘Movimientos de protesta social y estudiantil’, realizada por radio Cooperativa, Imaginacción y la Universidad Técnica Federico Santa María, da cuenta de que si en junio el apoyo a las demandas estudiantiles alcanzaba el 37,1 por ciento, en septiembre subió al 67,8 por ciento.
La Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) llamó a sus afiliados de las 5 divisiones de Codelco a solidarizar con el movimiento estudiantil. El presidente de la organización, Cristián Cuevas, afirmó que “el modelo educacional no da respuestas a las demandas de los estudiantes. Este modelo es un reproductor de desigualdades, promueve el `apartheid` y no es contribuyente a la movilidad social. Aquí se requiere de voluntad y pensar en todos los chilenos y no en unos pocos”.
A la movilización también se ha sumado la Agrupación de Empleados Fiscales (Anef), el Colegio de Profesores, la Central Unitaria de Trabajadores, y una serie de otros sindicatos y organizaciones civiles.
Esto también se expresa en que numerosas organizaciones sociales y sindicatos se sumarán a la movilización de este jueves y que varios políticos apoyen a los estudiantes, como el caso del presidente y vicepresidente del Senado, Guido Girardi y Juan Pablo Letelier, quienes anunciaron que no tramitarán ningún proyecto de ley sobre temas educacionales que no haya sido consultado a los estudiantes.
Girardi afirmó que “el gobierno ha sido intransigente, ideologizado y con una desfachatez de defender intereses económicos, la única condición que pedimos, y que le pidió el presidente de la Cámara y el senador Larraín, es que no se enviaran proyectos de Ley y el Gobierno le ha dado portazo tras portazo al diálogo”.
Por su parte, el Consorcio de Universidades del Estado, mediante un comunicado, exigió al Gobierno que cumpla con el compromiso de entregar aportes directos a las instituciones educacionales del Estado, iniciativa propuesta por el Ministerio de Educación durante el inicio del conflicto estudiantil. “Esto –la solución del conflicto- requiere de un trato preferente del Estado con sus universidades, el cual supone una nueva estructura de financiamiento permanente con aportes basales para su desarrollo sustentable y expansión, que frene la lógica del autofinanciamiento y creciente privatización de su quehacer académico”, sentencia el documento.
FUENTE: El Ciudadano
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